El caos económico y social, causado por la crisis política en la que se encuentra sumergida Venezuela, protagonizan las elecciones presidenciales del 20 de mayo, ambientadas en un clima de hiperinflación, protestas y la severa escasez de alimentos y medicinas.

La situación económica está atada a la crisis social que a su vez surge tras años de decisiones políticas de los líderes de la revolución bolivariana marcadas por expropiaciones de empresas, muerte del aparato productivo y un control de cambio que se inició en 2003.

Como nunca antes en la historia contemporánea del país petrolero, los ciudadanos se han mostrado apáticos ante la campaña electoral pese a que los candidatos han puesto el acento en esta crisis signada por una altísima inflación, que este año, según cálculos del FMI, puede cerrar en 14.000 %.

La última encuesta Encovi que hacen las principales universidades de Venezuela reveló que la pobreza extrema aumentó en el país caribeño de 23,6 % a 61,2 % en cuatro años y casi 10 % tan solo entre 2016 y 2017.

Este sondeo también mostró que en 80 % de los hogares no se come de forma adecuada y el 64 % de los encuestados reportó haber perdido un promedio de 11 kilos de peso en el último año por no poder acceder a los alimentos.

Se suma a este escenario la escasez de dinero en efectivo, lo que ha generado caos en los servicios que solo se pagan en moneda física como la gasolina o el transporte público y ha surgido una fuerte mafia de vendedores de billetes que los entregan a cambio del doble de su costo, e incluso más.

También existe escasez de todo tipo de repuestos con la consecuente paralización del parque automotor público y privado, así como de electrodomésticos y maquinaria de todo tipo, incluyendo los equipos médicos de clínicas y hospitales.

El presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, es el primero que ha colocado la situación económica en lugar prioritario de su discurso proselitista pese a que la crisis empeoró con cifras alarmantes durante su Gobierno que se inició en 2013.

Maduro dice en cada maniestación que la situación económica del país se ha agravado debido a la "guerra económica" que le hacen empresarios y opositores con la ayuda de otros gobiernos como el de Estados Unidos y el de Colombia.

Esta guerra, dice, sería la responsable de la inflación, de que haya escasez de medicamentos en el país, de que los alimentos y todo tipo de productos se vendan a costos elevados.

Asimismo, su Gobierno ha lanzado el operativo "Manos de Papel" por el que ha detenido y señalado a empresarios y banqueros de ser los responsables de un "boicot" a la economía a la sombra del control de cambio de divisas que opera en Venezuela desde 2003.

Pero la guerra en contra de su Gobierno también abarca otros ámbitos pues Maduro se desprende de responsabilidades en cuanto a las fallas -cada vez más frecuentes y duraderas- en los servicios de agua, electricidad o saneamiento, asegurando que se trata de un "sabotaje" para que el pueblo reaccione con protestas.

Y esas protestas se producen semanalmente en los hospitales públicos por la escasez de medicamentos y todo tipo de tratamientos, así como las manifestaciones por falta de agua o de luz.

La organización Codevida, que reúne a varias ONG orientadas a la salud, ha denunciado la falta de equipos y tratamiento para pacientes renales y todas las enfermedades crónicas, así como el pésimo estado de los hospitales públicos.

Mientras, la falta de vacunas que han dejado de conseguirse desde hace más de dos años ha generado el regreso de enfermedades prácticamente inexistentes como la malaria, la difteria o el sarampión.

El canal humanitario para que al país ingresen medicinas y alimentos ha sido solicitado tanto por el Parlamento, de mayoría antichavista, como por la comisión opositora que asistió al diálogo que se celebró con el Gobierno en República Dominicana el año pasado.

Sin embargo, el Gobierno de Maduro se niega a esta posibilidad por considerar que se trataría de un 'Caballo de Troya' para dar paso a una invasión extranjera en Venezuela.

EFE